La participación ciudadana es, establecida así, como el derecho a la intervención en todas las actividades confiadas a los gobernantes para garantizar la satisfacción de las necesidades de la población y “es un proceso de construcción de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como los de las comunidades y pueblos indígenas”. (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), 2009)

Desde los acuerdos internacionales la participación es un derecho fundamental reconocido dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sobre el cual se adoptó el Comentario General 25 del Comité de Derechos Humanos, que establece la no discriminación, la posibilidad de ejercer el derecho por medio del ejercicio de cargos públicos, a través de mecanismos directos, de espacios para el diálogo y la toma colectiva de decisiones y en la exigencia de rendición de cuentas a aquellos electos o designados. De otro lado, la Carta Iberoamericana de Participación ciudadana recomienda a los Estados lineamientos básicos en términos de la promoción de la participación y la rendición de cuentas como procesos fundantes de la democracia.