Nueva Ley permitirá el fortalecimiento interinstitucional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal

Bogotá. 25 Julio (@Aunapcolombia).

Uno de los propósitos fundamentales dentro del Plan de Acción Nacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No declarada y No reglamentada (PAN -PINDNR) es coordinar entre las entidades competentes acciones, herramientas y priorizar inversiones que le permita a las autoridades disponer de los mecanismos necesarios para actuar eficazmente, en caso de que se presenten actividades de pesca ilegal.
Con la Ley de Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, que ya es un hecho, se cumple uno de estos propósitos. Pues las entidades públicas tendrán herramientas para ejercer su labor de una manera efectiva, respetando el debido proceso y sobre todo amparados bajo un estatuto.
Según el Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), Otto Polanco Rengifo, “esta Ley le hacía falta a todos los estamentos colombianos, pues le da dientes a las entidades del Estado para actuar. La pesca ilegal atenta contra los recursos pesqueros y con ella ganaremos más soberanía y seguridad alimentaria para el país”.
La legislación que fue sancionada por presidencia el pasado 19 de Julio tiene en cuenta tiempos para el debido proceso y es drástica en las sanciones. Se centró básicamente en la revisión de los conceptos que permitan aplicar de manera oportuna el alcance que tiene los tipos de pesca de subsistencia y artesanal.
Vale la pena aclarar que la pesca de subsistencia, definida de acuerdo a la Ley, como aquella que comprende la captura y extracción de recursos pesqueros en pequeños volúmenes, parte de los cuales podrán ser vendidos, con el fin de garantizar el mínimo vital para el pescador y su núcleo familiar; por su parte, la artesanal, es la que hacen los pescadores de forma individual u organizada a través de empresas como cooperativas, con aparejos propios de una actividad productiva a pequeña escala, mediante artes y métodos menores de pesca.

Otro cambio fundamental que establece la Ley es contabilizar las 36 horas para judicializar al infractor, una vez arribe al puerto; y no como se viene haciendo hasta ahora, donde las 36 horas son contadas a partir de la captura en alta mar, lo que dificulta judicializar al infractor, ya que una vez en puerto, se vencen los términos y el infractor queda libre.
Con esta Ley se beneficiaran principalmente quienes ejercen la actividad pesquera de forma legal, responsable con el medio ambiente y en general todos los colombianos. “Estamos dando un paso al futuro para proteger los lo nuestro y para seguir velando por la seguridad alimentaria y el empleo de cientos de personas en todo el territorio nacional”, aseguró el Director de la Aunap.
Este gran paso, sumado a otras acciones que viene desarrollando la Aunap a través de la Mesa Nacional contra la Pesca Ilegal e Ilícita (MNPII) de la cual hacen parte el Ministerio de Relaciones Exteriores, Fiscalía General de la Nación, Aunap, Dimar, Parques Nacionales Naturales, Armada Nacional y Policía Nacional, permitirán mejorar las acciones y agilizar los procedimientos.
En ese sentido, el año pasado se realizó la Mesa Técnica Nacional de Pesca Ilegal en Bahía Solano, mientras que para este año se harían tres mesas más: una en el Pacífico (Buenaventura), otra en el Caribe, está por definirse si será en Cartagena o Barranquilla; y una última en San Andrés y Providencia.
“La idea con la implementación de estas mesas regionales es estandarizar los procedimientos e identificar cuáles son las debilidades en los procesos y dónde deben actuar las autoridades”, indicó el Director Polanco.
De otro lado, aunque Colombia no ha adoptado el tratado sobre el Estado Rector del Puerto, la Aunap avanza en la capacitación a inspectores pesqueros, jueces y fiscales regionales sobre la reglamentación vigente para eliminar la Pesca Ilegal, No declarada y No reglamentada, apoyados también en la Fundación MarViva y Conservación Internacional.
En este momento, la Dimar en el marco de sus competencias y a través de las capitanías de los diferentes puertos y la actividad policiva de guardacostas, están haciendo el control para que las embarcaciones cumplan con los requisitos y realicen sus faenas dentro del marco regulatorio.

Por último, se espera fortalecer la cooperación con las organizaciones internacionales competentes mundiales y regionales para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal.
Con esta nueva jurisprudencia, el Plan de Acción Nacional dio un gran paso; se espera mantener la actividad pesquera sostenible, con ecosistemas marinos saludables y con un inventario pesquero aprovechable, mediante el ejercicio de la pesca legal declarada y reglamentada.